La
desigualdad es uno de los principales problemas económicos a los que se
enfrenta el mundo, no solo por cuestiones de justicia y solidaridad, sino que
también porque a medida que se amplía la brecha entre ricos y pobres, aumenta
el descontento y el debilitamiento de la cohesión social, asimismo, puede
afectar la eficiencia, dado que se podrían desaprovechar recursos humanos que
no han gozado de las oportunidades suficientes para desarrollarse plenamente y
aportar a la creación de riqueza. Por lo antes mencionado, Gordon (2016),
considera a la desigualdad creciente como uno de los principales problemas del
mundo. Además, revisando por regiones se encuentra que América Latina es la más
desigual del mundo y Brasil, el país más rico de la región es a su vez, el
quinto más inequitativo del planeta. También, teniendo en cuenta la importancia
de reducir la desigualdad, es indispensable estudiar la situación de los
mercados laborales, ya que la mayor parte de los ingresos de los hogares,
provienen de sus salarios. Así entonces, se defenderá que las altas tasas de
crecimiento económico acompañadas de adecuadas instituciones y políticas
laborales, logran reducir la desigualdad de ingresos en Brasil. Para lo
anterior, se expondrá el marco general sobre el que se asienta el análisis,
después, se estudiará la dinámica del mercado laboral y la distribución de
ingresos desde 1980 hasta mediados de la década de los noventa, seguidamente,
se hará el análisis desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta
2012 y finalmente, se darán unas conclusiones.
Para
Acemoglu y Robinson, las instituciones son cruciales tanto para que un país
logre ser rico, esto es, que alcance altas tasas de crecimiento económico
sostenido, como para que todos los miembros de ese país tengan la oportunidad
de aprovechar esa riqueza creada, es decir, para reducir la desigualdad. Así,
en su libro Por qué fracasan los países
defienden que la política y las instituciones políticas determinan las
instituciones económicas y que para que una nación alcance el éxito se requiere
de instituciones inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas son
aquellas que reparten el poder político ampliamente y de forma pluralista,
tienen un sistema jurídico imparcial y logran cierto grado de centralización
política para establecer la ley y el orden. Mientras que, las instituciones
económicas inclusivas son las que hacen respetar los derechos de propiedad,
crean igualdad de oportunidades, brindan servicios públicos y fomentan la
inversión en habilidades y nuevas tecnologías. También, en El auge y caída de las Leyes Generales del Capitalismo, estos
autores señalan que, a la hora de estudiar la desigualdad al interior de las
naciones, resulta más relevante revisar la dinámica del mercado laboral que
simplemente la propuesta de indicador de Piketty basado en que, basta con que
la tasa de interés sea superior a la tasa de crecimiento económico para que el
1% más rico aumente su participación en el ingreso total y con ello crezca la inequidad.
Por ejemplo, en Sudáfrica desde el enfoque de Piketty, el Apartheid redujo la
desigualdad, pero si se mira la ampliación en la proporción de salarios de los blancos
con respecto al de los negros en la minería de oro, se observa que, en esa
época de represión, la desigualdad se acrecentó. Otro ejemplo puede ser Suecia,
ya que fueron las protestas laborales y la democracia, las que sentaron las
bases para la compresión salarial, un mercado laboral moderno y el Estado de
Bienestar que han hecho de esa nación una de las más equitativas del mundo.
Anthony
Atkinson en su obra Desigualdad ¿Qué
podemos hacer? muestra que las décadas de la inmediata posguerra en Europa estuvieron
caracterizadas por reducción en la desigualdad y bajas tasas de desempleo
(incluso con tasas del 1%), por lo que considera que una vía para reducir la
desigualdad y la pobreza es frenar el desempleo, pero que el empleo en sí mismo
no es suficiente para escapar de la pobreza, así que también es importante la
fijación en los salarios. Propone como políticas laborales específicas para
reducir la desigualdad, que el Estado
fomente innovaciones que favorezcan la empleabilidad y que se vuelva empleador
de última instancia, ofreciendo trabajo pagado al salario mínimo a todo el que
lo necesite; un marco legal que permita a los sindicatos representar mejor los
intereses de los trabajadores; una política de pagos con salario mínimo
estatutario valorado con respecto al estándar de vida y límites a los salarios
máximos y cobertura universal de seguridad social para los adultos mayores.
Bajo
el marco anterior, se hará un análisis del mercado laboral y la distribución de
ingresos en Brasil desde 1980 hasta 2012.
Según
Ramos (2002), la historia de Brasil hasta el 2000 se puede dividir en dos: una
primera etapa regida por la Sustitución de Importaciones (o Industrialización
Dirigida por el Estado) en la que el crecimiento económico se señalaba como el
principal factor que generaba empleos y la siguiente fase que se consolida en
los noventa, en la que las políticas pasivas como el seguro de desempleo junto
con las políticas activas como la formación profesional y la ayuda a pequeñas
empresas son consideradas la estrategia fundamental para mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo y aumentar las oportunidades laborales.
En el
primer periodo se buscaba el crecimiento económico para que este trajera nuevos
puestos de trabajo y se protegía y se le daba mayor peso a la industria y a la
zona urbana en la producción. Las
políticas del mercado laboral se concentraban en formación y adaptación de
migrantes que venían del campo a través de instituciones administradas por los
privados y financiadas con parafiscales. Sin embargo, se desató la crisis de los 80, las políticas fiscal y
monetaria expansivas estaban generando más inflación que aumentos en producto e
incluso se dio estanflación. Dada esta crisis que no fue transitoria, sino que
reflejó el agotamiento del sistema, se intentó apostar hacia ideas de
contrarrevolución liberal para “flexibilizar” el mercado laboral, reduciendo
protecciones a los asalariados para facilitar aumentos en el empleo. Además, se
empezaron las políticas del mercado de trabajo, activas para mantener y
aumentar empleos, pasivas para evitar aumentos en la oferta laboral y para
compensar a los desempleados, y en los 80 se inició la consolidación de la
principal fuente de financiamiento del sistema de políticas del mercado de
trabajo, el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT).
A principios de los noventa hubo un aumento en el
desempleo de 6 a 9%, es decir, del 50%, aunque fue menor que en otros países
latinoamericanos. Así que se empezaba una nueva fase en la que, además de
importar el crecimiento económico, se tenía en cuenta el contexto legal e
institucional, ya que puede elevar la elasticidad empleo-producto y reducir la
informalidad. Las
nuevas políticas del mercado laboral son influenciadas por una mayor participación
de diversos grupos de la sociedad civil, la descentralización, la focalización
y la evaluación de resultados. Con la Constitución de 1988 se creó el Fondo de Amparo al
Trabajador (FAT) que financia el seguro de desempleo y todas las demás
políticas del mercado laboral y al comenzar la nueva década, se armó el Consejo
Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador (CODEFAT) conformado por
representantes del Ministerio de trabajo, trabajadores y empresarios que rige
al FAT. Las políticas del mercado laboral se dividieron en pasivas y activas. Con
respecto a las primeras, se
flexibilizó la regulación de despidos injustificados (aunque se mantuvieron
multas del 10%) dado que existía el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS),
un programa de ahorro forzoso de 8% del salario que le proveía al trabajador de
ingresos cuando estuviese desempleado y con el artículo 7 de la Constitución de
1988, se promulgó el seguro de desempleo como derecho laboral y pasó de 2,8 a
4,7 millones de afiliados en 2001. No obstante, se considera que estas medidas pudieron generar
incentivos a la rotación laboral. Frente a las políticas
activas, El Plan Nacional de
Formación Profesional (PLANFOR) fue el más ambicioso del gobierno. Había baja
calificación de los trabajadores brasileros y se necesitaba acoplar a esos
asalariados a las nuevas tecnologías exponencialmente cambiantes. En
1995 ya cubría el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA) y a 2002
acogía a 15 millones de personas, mediante la cooperación con universidades, la
red pública de enseñanza técnica, escuelas de sindicatos o de empresarios y
ONGs. Además, tenía objetivos más amplios que involucraban formación básica, en
valores y conciencia social. El Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER)
cuyo objetivo fue proveer líneas de crédito a pequeños y medianos empresarios,
surgió a raíz de un muy influyente movimiento social que luchaba contra el
hambre y que consideraba que, dado que muchos pobres laboraban en firmas que no
les podían pagar siquiera el ingreso equivalente a la línea de pobreza, se
necesitaba expandir la restricción presupuestal de las Pymes. El financiamiento
se facilitó porque exigía menos garantías que los bancos tradicionales y
permitía el acceso tanto a empresas formales como a informales.
Otras políticas de la época fueron
el PROTRABAJO que apoyaba proyectos estratégicos en la región más pobre del
país, es decir, el norte de Minas Gerais, FINEP, que financiaba desarrollos
tecnológicos y organizacionales que favorecieran el empleo y el Programa de
Crédito Productivo Popular (PCPP) que otorgaba microcréditos.
Finalmente, la perspectiva según la
cual el desempleo podría reducirse flexibilizando la legislación que regula el
mercado laboral, nunca contó con muchos adeptos en el país. Las tentativas de
alterar el marco regulatorio siempre encontraron fuertes resistencias y las
modificaciones en esa vía, hasta hoy son muy modestas.
Por su parte, Gustavo Gonzaga (1997), sostiene que el problema
de trabajo de Brasil es más de calidad que de cantidad, con la excepción de los
empleos industriales y formales que cayeron sostenidamente desde 1990. La baja
calidad de los trabajos se refleja en bajos salarios, baja productividad, alta
rotación, alta informalidad y reducción significativa en la proporción de
empleos industriales.
La
tasa de participación creció de 53,4% a 61,3% entre 1981 y 1995 y, sobre todo
esa tendencia, se explicó por la participación de las mujeres que subió de
32,9% a 48,1%. La tasa promedio de desempleo en las seis principales regiones
metropolitanas nunca pasó de 6% entre 1982 y 1995, lo que es bajo para los
estándares internacionales. De hecho, según CEPAL (1995), en 1994 Brasil tuvo
la segunda tasa de desempleo urbano más baja de Suramérica y eso que no tuvo
altas tasas de crecimiento económico. Así que Brasil no tenía problemas para
crear empleos, pero los hacía de mala calidad.
El
empleo formal no agrícola descendió de 57% en 1982 a 46,3% a mediados de 1996.
La mayor reducción de la formalidad se dio desde 1990 y da cuenta de que las
empresas brasileñas respondieron al incremento de la competencia externa de
precios, resultado de eliminación de barreras comerciales, reduciendo las
prestaciones sociales de su fuerza laboral. Además, había aumentado la rotación
laboral, lo que indica un bajo vínculo entre los trabajadores y las firmas y que
puede implicar baja capacitación y baja productividad. La proporción de
trabajadores de servicios pasó de 43% en 1981 a 54.3% en 1995, pero eso genera
problemas porque en general, los empleos de este sector en Brasil son de corta
permanencia, baja capacitación y escasa sindicalización.
Gonzaga
propone bajar impuestos corporativos puesto que encuentra que frente a una
reducción de 7,8% en los impuestos de nómina, transcurrido un año, el empleo
habría aumentado 1,32% y en el largo plazo 1,66%. Por otro lado, ante una
subida de 1% en el producto industrial, al año habrá crecido la demanda de
trabajo en 0,44% y en el largo plazo 0,56%.
Finalmente,
en cuanto a la desigualdad en Brasil que es una de las peores del mundo, dice
que se empeoró entre 1981 y 1990 al pasar de 0,564 a 0,602. Amadeo et al
(1994a) muestra que la relación del ingreso del 10% más rico con respecto al
del 40% es de 6, mientras que los datos internacionales rondan el 3,5. La caída significativa en la desigualdad
después del Plan Real (desarrollado en 1994) muestra que el éxito en reducir la
inflación de un promedio de 45% mensual a 1,5% mensual, tuvo un impacto
significativo en elevar los estándares de vida de los más pobres de Brasil.
Esto es una consecuencia del hecho de que los trabajadores que ganan menos de dos
salarios mínimos, tienen una pequeña protección contra el impuesto
inflacionario, ya que en términos generales ellos no logran acceder a cuentas
bancarias indexadas.
José
Antonio Ocampo (2004) expone que la década de los 90 fue la de las grandes reformas
liberales en América Latina, aunque en Brasil fueron relativamente moderadas.
Brasil tuvo bajas tasas de crecimiento y bajo nivel de exportaciones,
fortaleció sus niveles relativamente altos de gasto social y tuvo mejores
desempeños en pobreza y desigualdad -aunque aclara que la reducción de la
desigualdad no es corroborada por la CEPAL- de lo que se esperaba de acuerdo
con su crecimiento y que pudo estar explicado en buena medida, por su política
de pensiones mínimas. Además, que el fin de la hiperinflación conllevó a
mejoras en la equidad y hay evidencias de que las políticas de salario mínimo
tuvieron efectos positivos en materia social.
Ya
entrando en el siglo XXI, Barros y otros (2010) señalan que la reducción de la
desigualdad en Brasil entre 2001 y 2007 fue una de las más rápidas del mundo,
crecieron los ingresos de toda la población, pero los del 10% más pobre
subieron casi tres veces más que el promedio. Observaron que la reducción en la
desigualdad estaba asociada a los ingresos laborales entre un 31% y un 46% y la
mitad de la disminución de la concentración de los ingresos laborales se
explica por la caída en la desigualdad en educación y en los retornos a la
escolaridad, la otra mitad corresponde a reducciones en diferenciales
salariales entre trabajadores de distintas regiones y sectores, más fuertemente
en raza y género que con respecto a la situación de formalidad.
Lustig
y Gasparini (2011) y Lustig, López-Calva y Ortiz-Juárez (2012) dicen que la
reducción en la desigualdad en la década del 2000 se asocia con caídas en
retornos a la educación y un gasto más progresivo del gobierno. Tanto ingresos
laborales como no laborales tuvieron un peso muy similar en la reducción de la
desigualdad.
Maurizio
(2014) explica que la dispersión de salarios se redujo más en el sector
informal que en el formal y esto se explica porque los trabajadores informales
más calificados se formalizaron.
Ferreira,
Firpo y Mesina (2014) dicen que entre 1995 y 2012 el GINI se redujo de 0,59 a
0,52 y la mayor explicación recae en los ingresos laborales y no en programas
de asistencia social como Bolsa Familia. De hecho, el GINI de ingresos
laborales pasó de 0,5 a 0,41. Las reducciones en la desigualdad más
pronunciadas se dieron en la década del 2000 que se caracterizó por altas tasas
de crecimiento económico y un buen desempeño del mercado laboral en el que aumentó
el salario mínimo, medio y mediano y subió la formalidad, ganándole terreno a
la informalidad. También defienden que los dos grandes factores que explicaron
esos exitosos resultados en materia social fueron la caída notoria de la
proporción de trabajadores sin experiencia laboral que explicó una baja del
GINI de entre 3 y 5 puntos y la reducción combinada de las brechas salariales
en género, raza, sector formal e informal y zona urbana y rural, que
representaron aproximadamente la reducción de nueve puntos en el GINI de
ingresos laborales.
Alejo,
Cruces y Parada (2015) defienden que la desigualdad había comenzado a crecer a
finales de los 80 y que se acentuó en la década de los 90, pero que a partir
del 2000 comenzó a descender, junto con la informalidad que entre 1999 y 2012
se redujo de 54,4% a 38,6% y el GINI de salarios que pasó de 0.517 en 1999 a
0.442 en 2012. La década del 2000 se caracterizó por tener altas tasas de
crecimiento económico acompañadas de cambios en el rol del Estado en el mercado
laboral que se evidencia, por ejemplo, en aumentos sustanciales del salario
mínimo real.
Asimismo,
la década del 2000 se caracterizó por trabajadores de entre 16 y 24 años que
redujeron su tasa de actividad, gracias en buena medida a programas como Bolsa Familia
que obligaban a los hogares a que sus hijos de hasta 17 años continuaran en el
sistema educativo, con lo que se redujo la oferta laboral de un grupo
poblacional que muy probablemente hubiese engrosado las tasas de informalidad.
Mientras que los trabajadores de entre 25 y 45 años tuvieron variaciones
positivas tanto de su tasa de actividad como de empleo y una caída del
desempleo de aproximadamente el 33%. Por nivel educativo, el único grupo que
tuvo un aumento sostenido de su tasa de actividad fue el de educación superior
incompleta y los que vieron mayores reducciones en la tasa de desempleo fueron
los trabajadores que contaban con primaria o menos. Por etnia, los
afrodescendientes aumentaron tanto su tasa de actividad como de empleo y los
indígenas tuvieron las mayores caídas del desempleo.
La
informalidad se redujo en todos los grupos poblacionales de Brasil, sin
embargo, construyendo un perfil que tenga las mayores probabilidades de estar
en la informalidad laboral, ese sería: hombre mestizo, de 16 a 25 años o mayor
de 45 años y con primaria incompleta.
Frente
a políticas que lograron reducir la informalidad, están el fortalecimiento del
Sistema Federal de Inspección del Trabajo, simplificación tributaria de las
empresas y leyes que castigaban los contratos simulados y fortalecían los
derechos laborales como la seguridad social. Si bien aumentaron los costos de
contratación, éstos no lograron reducir la creación de empleo. También se
destaca el mayor poder de los sindicatos que permitieron mejoras salariales y,
sobre todo, garantías de protección laboral.
Dentro
del grupo de trabajadores formales, fueron los de menores ingresos, los que
aumentaron en mayor medida su capacidad adquisitiva, el 5% que más gana aumentó
su salario en 3%, mientras que el 30% que menos devenga, aumentó su
remuneración en promedio en 42%.
El
elemento más concentrador fue el de los cambios asociados a las brechas
regionales entre Estados administrativos y el de mayor impacto redistributivo
fue la formalización laboral, más vinculado al proceso de formalización por sí
mismo que al cambio en las remuneraciones relativas. Finalmente, terminó
venciendo con creces en magnitud el efecto igualador de la formalización
laboral y así Brasil se convirtió en uno de los países que redujo de forma más
rápida y efectiva su desigualdad en la renta.
Lemos
(2004 y 2007) sugiere que los aumentos en el salario mínimo “achatan” la
distribución de las remuneraciones y disminuyen la desigualdad salarial por sus
efectos positivos en la remuneración de los trabajadores de salarios bajos.
Con
base en todo lo anterior, se puede deducir que la década exitosa en Brasil para
reducir la desigualdad a través del mercado laboral fue la del 2000, en la que
la nación contó con altas tasas de crecimiento económico, que logró hacer más
inclusivo gracias a políticas e instituciones laborales tales como: un sistema
jurídico imparcial que sancionó la pauperización del empleo y aumentó las
protecciones al trabajador; una repartición del poder político de forma amplia
y pluralista a través de la participación de diversos agentes como
trabajadores, gobierno, empleadores, sindicatos, universidades, etc, en la planeación y ejecución de las nuevas
políticas laborales; fomento a las pequeñas y medianas empresas y apoyo a la
investigación que aumentaron la empleabilidad mediante programas como PROGER y
FINEP; el fortalecimiento de los sindicatos que le dieron voz a las demandas de
los trabajadores de seguridad social y facilitaron la formalización laboral y
las políticas de salario mínimo estatutario. Y si bien, se hicieron esfuerzos
para el cierre de las brechas entre las regiones, no fueron suficientes porque
ese factor terminó siendo negativo en la caída de la desigualdad. De todas
formas, se puede concluir, que la época en la que se lograron las mayores
reducciones de la desigualdad de ingresos mediante el mercado laboral fue en la
que se crearon las instituciones y las políticas laborales recomendadas por
Acemoglu y Robinson y Anthony Atkinson respectivamente.
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